Proyecto de Ley General de Radiodifusión. Ladra y aúlla el poder mediático.

Espectro-radioelectrico

Llevamos al menos tres semanas escuchando un cacareo público en torno al “Proyecto de Ley General de Radiodifusión”, que más que proyecto se trata de una plataforma base para discusión que ha ido divulgando el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, en aras –eso sí– de concertar un proyecto de ley sobre la materia, para ordenar los servicios de radiodifusión sonora y televisiva y para establecer control del espectro radioeléctrico en el país, actualmente manejado por el Estado del modo más ineficiente que uno pueda imaginar, donde ni siquiera se respeta la vieja Ley de Radio de 1954.

Un sector muy interesado en que las cosas se mantengan como están, pues usufructúan a sus anchas del caos reinante en ese ámbito, pegó grito al cielo denunciando que aquel proyecto es amenazante y atenta contra la libertad de expresión, en tanto tiende a imponer censura previa a la prensa y hasta le otorga facultades especialísimas al Estado para cerrar medios de difusión radial y televisiva cuando se pronuncian en contra de los intereses de un gobierno (1). Por supuesto, la noticia –bastante manipulada por cierto– impactó y el Gobierno del Presidente Luis Guillermo Solís, para salir del apuro y mostrando asombrosa sumisión e ignorancia, optó por cortarle la cabeza a la ministra y al vice-ministro del ramo, como para que la opinión pública conserve la calma o, quizá, para que se olvide del asunto.

No dudo que el proyecto, por su envergadura y complejidad técnica, requiere ajustes y muchas más consultas al resto de sectores de la comunidad nacional, y es bueno que así se haga y ojalá haya en ellos madurez y responsabilidad para que las regulaciones y los límites sean congruentes con la necesidad de un mejor servicio. No obstante, de los asuntos que han salido a colación me interesa en lo particular enfocar tres aspectos.

El primero tiene que ver con la necesidad de evitar la concentración de frecuencias en pocas manos, lo que es una ingrata realidad en este país, pasada desapercibidamente por los costarricenses. En efecto, la cándida redacción de la ley de 1954 (que respondió a una época, ya pasada, donde la radio y televisión daba sus primeros pasos), y sobre todo su interpretación, ha hecho que un reducido grupo de personas acapare para sus intereses y negocios casi todo el espectro radioeléctrico, con fines puramente comerciales, y lo ha hecho mediante “compras” de concesiones, pasando de una mano en otra sin ningún control estatal, y dejando desde luego a la mayoría de posibles oferentes sin posibilidad alguna de incursionar en el medio de la radiodifusión. Está claro se trata de monopolios encubiertos y en manos de gigantes empresas que tienen en sus manos el poder mediático, ese que pone y quita presidentes y ministros y da enfoque a lo que debemos pensar y suponer como opinión pública. El proyecto le entra al asunto de lleno y desde luego que los lobos empiezan a aullar.

Un segundo aspecto, relacionado con el anterior, se refiere al hecho de que esas empresas manejan el espectro radioeléctrico como si se tratase de su fundo privado, desconociendo se trata de un bien de dominio público, es decir, propiedad del Estado, y como tal debe ser debidamente regulado para que se constituya en un servicio público de calidad (los detractores del proyecto tergiversan la cuestión confundiendo el servicio con la empresa concesionaria que lo presta), de suerte tal que si hay incumplimiento en las condiciones fijadas en las concesiones y permisos, deberá haber, naturalmente, sanciones, y dentro de ellas, lógicamente, hasta la cancelación de la licencia. Este es uno de los principales aspectos cuestionados por aquellos que quieren mantener el estado de cosas, para su beneficio, ocultando que el régimen sancionatorio ya está establecido en la ley vigente, y no es cosa propia del proyecto, aunque este último viene a hacerlo efectivo. Dentro de ese contexto y como bien público que es, es justo que los concesionarios deban pagar cánones proporcionados con los beneficios que reciben, cuando se trata de servicios de radio y televisión comercial. Es una vergüenza que actualmente dichos cánones ni siquiera alcancen los $200,00 USD al año, tratándose de empresas de televisión de cobertura nacional, y de menos de $2,00 USD al año en el caso de empresas de radio comercial. Asunto que debería por lo menos ruborizar a los dueños de las grandes cadenas de radio y televisión que operan en el país.

En tercer lugar, a mi juicio provechoso, aparece en el proyecto una clasificación de los servicios por su finalidad, diferenciando entre servicios de radiodifusión comercial, de radiodifusión educativa y de radiodifusión comunitaria, con regulaciones muy particulares para cada uno de ellos, y en donde destaca el impulso a la radiodifusión comunitaria, para democratizar el derecho de las comunidades a la comunicación, actualmente vedado por la concentración en pocas manos de las frecuencias de radio y televisión, destinadas esencialmente para fines comerciales, e incluso una gran cantidad de ellas sin uso real o con uso disfrazado. Este será un tema de discusión muy candente, toda vez que en juego hay muchísimos intereses.

Es sorprendente que en toda América Latina solo Costa Rica y Panamá no posean servicios de radiodifusión comunitaria. No creo que el poder mediático vaya a aceptar tan fácilmente que se democratice el espectro radioeléctrico de este país, en particular por las enormes ganancias económicas que le genera y por el considerable poder que adquiere concentrándolo y controlándolo como un todo para su beneficio egoísta. Tanto es así que en un reciente foro convocado por la Cámara de Radio y Televisión, un participante estrella, Eduardo Velazco, exiliado venezolano en nuestro país, como tratando de asustar a no sé quien, dijo: “En Venezuela las radios comunitarias se han convertido en mecanismos del régimen. Hoy mal funcionan las radios comunitarias y las piratas, impulsadas por el mismo partido de gobierno“. Sin embargo, los de la acera de enfrente, de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA), en el VI Encuentro que efectuaron en octubre del año pasado (2014), aplaudieron las iniciativas de ese proyecto de ley, respaldándolas (2).

Pues bien, ahora nos toca estar atentos y muy bien informados sobre este tópico tan relevante para los intereses de la Nación, y tan necesarios para alcanzar un verdadero régimen de democracia y de igualdad de oportunidades en lo concerniente a la comunicación, haciéndonos todos con derecho y partícipe de ella. Abonando mi granito de arena, al menos les dejo aquí estos comentarios y, además, los enlaces para que puedan descargar y estudiar, tanto el controvertido proyecto, como la ley vigente.

Archivos adjuntos:

Ley de Radio 1758 y sus Reformas

Proyecto Ley General de Radiodifusión


Notas:

(1) Ver, por ejemplo, “Expertos advierten sobre múltiples problemas de proyecto de ley de radio y televisión”. El Financiero, Costa Rica, edición del 8 de abril del 2015.

(2) Al efecto, ver: “Fuerte apoyo a la nueva ley de radio y televisión en Costa Rica”. Comunicado del 22 de octubre del 2014, publicado en su página: www.redmica.org

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La unidad en la diversidad

III Cumbre CELAC 2

Tranquilamente he ido leyendo los documentos que emanaron de la recién concluida III Cumbre de la CELAC, realizada en Costa Rica, y me refuerza la esperanza el hecho de observar el avance –en términos de madurez política– de los dignatarios y de las dignatarias que tienen la delicada responsabilidad de dirección de los destinos de nuestras naciones de Latinoamérica y el Caribe. No faltará quien señale que estoy excediéndome en candidez, pues el papel aguanta todo lo que se le planta, y una cosa es lo que se escribe y otra es lo que se piensa y lo que se hace. Sin embargo, analizando en su contexto, uno a uno, los noventa y cuatro postulados de la Declaración Política de esta cumbre, que fijan los compromisos concertados por la mancomunidad de gobiernos, de cara a los retos de nuestro sub-continente para de ahora en adelante, en materias tan relevantes como desarrollo sostenible, cambio climático y calentamiento global, lucha contra la pobreza y la desigualdad social, así como cooperación y solidaridad regional, incluso paz y desarme nuclear, es posible encontrar los elementos sustantivos que acuerpan la tesis de que los latinoamericanos, en conjunto, estamos construyendo un nuevo paradigma de lo que es y lo que debe ser nuestra región.

Para entenderlo es bueno, quizá, echar mano de un poco de historia, de la que abunda, por cierto, y que se resume en el hecho de que desde los tiempos de la colonia nos han segregado como virreinatos y capitanías, luego como Estados medianamente independientes, pero siempre bajo el dominio de una metrópoli neocolonial, en otrora europea y luego el poderoso imperio de los EE.UU, que al mejor estilo de su Doctrina Monroe nos subyugó y nos saqueó por más de un siglo; pusieron y quitaron gobernantes a su conveniencia, y crearon élites oligárquicas criollas, serviles y sumisas a los intereses imperialistas. Así fue y en muchos aspectos sigue siendo.

Pero desde hace un tiempo para acá nuestros pueblos entraron en un nuevo estado de consciencia y, por ende, de actitud. Fueron superando la baja autoestima que los llevó a su enajenación cultural, política y económica hacia los Estados Unidos de América, y han ido creciendo con identidad propia, observándose distintos pero con una gama de intereses en común. De allí que la consigna de esta cumbre, de unidad en la diversidad, cabe a Latinoamérica y el Caribe como anillo al dedo.

Ya estábamos acostumbrados a aquellos encuentros y foros donde los gobernantes de la región recitaban como loros trilladas frases y formulismos de evidente contenido neoliberal, dictados desde Washington, y que lejos de ser una plataforma para el desarrollo, degeneraban en simples trampolines para las grandes trasnacionales, sedientas de recursos, de manos de obra fresca y barata, así como de todo tipo de beneficios fiscales y arancelarios. La nación que tenía el coraje de oponerse, terminaba sancionada por los bancos internacionales y por los controladores del mercado mundial.

Hay que entender que un gobierno no es más que el reflejo de la sociedad que dirige, en la sumatoria de las consciencias, de las voluntades y los intereses de sus individuos. Algunos pueblos logran asimilar de mejor manera su experiencia histórica colectiva, y se hacen de gobiernos que representan mayormente sus intereses; otros marchan más despacio y hasta retroceden porque siguen sumidos en su dependencia ideológica de las minorías oligárquicas que les dominan y les seducen. Sin embargo, en un mundo cuya tecnología ha roto las barreras de la comunicación, donde el mensaje mediático puede ser confrontado y hasta neutralizado por iniciativas individuales en redes sociales o por medios de prensa independiente, los pueblos de vanguardia y sus gobiernos logran influir eficazmente en aquellos cuya consciencia de clase es apenas incipiente.

Y esto creo es lo que viene sucediendo en América Latina y el Caribe, reflejado claramente en la Declaración Política de la III Cumbre de la CELAC, abundante en conceptos e ideales que son una bofetada en la cara a la ideología neoliberal reaccionaria y dominante en la región, como desarrollo sostenible con inclusión social, económica y financiera, igualdad de oportunidades y combate a la pobreza desde sus raíces, fortalecimiento de la educación pública, políticas justas de crédito, no violencia y desarme nuclear total, integración y cooperación regional, entre otras, y de las que ustedes podrán examinar en el enlace adjunto.

Declaración Política III Cumbre CELAC – Belén-Costa Rica

América Latina y el Caribe es todo un abanico de tendencias políticas e ideológicas, poli-cultural y multiétnico, pero ante todo es una constelación de naciones, grandes y pequeñas, que comparten identidad histórica y enfrentan los mismos retos y obstáculos para su desarrollo con rostro humano, donde entendemos que solo mediante la unión de nuestros pueblos podremos progresar, en tanto una fuerza homogénea capaz de hacerse escuchar y respetar; de allí lo congruente y oportuno de la frase unidad en la diversidad, la que hay que interiorizar y llevar a su praxis en toda su magnitud e intensidad.

El derecho a manifestarse – Introducción obligada

libre opinión


En tributo y solidaridad con Raid Badawi, bloguero y activista de derechos humanos, condenado por el régimen monárquico de Arabia Saudita a diez años de prisión, y sufrir mil latigazos, por expresar su opinión en las redes sociales, supuestamente ofensivas al Islam.


La expresión simple y pura del pensamiento debe entenderse como el ejercicio de uno de los derechos más sublimes de la humanidad, vital tanto para el crecimiento de la racionalidad, de la intelectualidad y de la espiritualidad del individuo, como para el desarrollo de la sociedad, pues como en su momento lo afirmaron Platón y Aristóteles, somos seres sociales y como tales necesitados de comunicarnos entre sí. Si se quiere –entendamos– el don del verbo nos sacó de las cavernas y nos conducirá hacia las estrellas; de allí que es mejor una opinión tosca que un silencio forzado. Y con esto último me refiero a la abstención involuntaria que deben imponerse millones de personas respecto a la disertación pública de sus ideas, para evitarse la mala crítica, y hasta la ira y la persecución de sus adversarios. Como colectividad humana debemos aprender a respetar y a tolerar el pensamiento ajeno, aunque no sea propiamente agua de nuestro río, pues ¿qué sería del mundo si todos pensásemos de igual forma? Sin duda seríamos una especie estancada en la escala evolutiva, una humanidad estacionaria, aprisionada eternamente en su círculo vicioso. Por fortuna, unos y otros pensamos y nos comportamos de modo distinto, cada quien adaptando el entorno según sus necesidades, revolucionando las cosas y las ideas; siempre ha habido un principio y una continuidad, gracias a la confrontación de lo que se afirma y lo que se niega, extrayendo de ese juego dialéctico un fruto, una síntesis, llamada a no ser, nunca, verdad absoluta.

Porque las verdades absolutas no deben existir en boca de nosotros los mortales, todo es relativo y susceptible de discusión, de suerte que no hay que incomodarse si llega alguien por ahí y refuta nuestras ideas, por más sólidas que estas sean; es de caballeros y de damas escuchar con humildad y con atención los argumentos discrepantes. A veces una sola opinión es capaz de transformar todo un paradigma.

Sí, todo un paradigma, y quizá por esa razón frecuentemente quienes se aferran de las riendas del poder, sea económico, político, ideológico, religioso –al fin y al cabo todos son uno solo–, promueven y hasta imponen el cierre de espacios donde la gran masa pueda manifestarse libremente; tal cual lo hemos visto en los medios, a veces hasta echando mano de la represión brutal para cegar las voces de la crítica, de aquellas ideas que no riman con sus intereses.

Cierto que la libertad de opinión, como derecho, no debe degenerar en un ejercicio abusivo, y por ello ha de tener como límite la responsabilidad personal de lo que se dice, para no dañar indebidamente la imagen, el pudor y la reputación de terceros. Cuando nos expresamos hemos de tener el suficiente cuidado para no sucumbir en la calumnia, la injuria o la difamación; esto es posible si tenemos la pluma en una mano y la evidencia en la otra.

En la medida que nos atrevemos a manifestarnos, especialmente en aquellas cosas que nos parecen ingratas, incongruentes e injustas, indirectamente estaremos ayudando para que la sociedad, como un todo, se replantee sus actos y corrija su marcha. Aquí cabe aquel refrán popular de “quien calla otorga”, pues vale más asumir el riesgo de expresar lo que sentimos, que soportar el dolor y la frustración que provoca ver perpetuarse, día a día, el desorden establecido.

Con esta reflexión, sencilla pero a mi juicio necesaria, doy por abierto este blog, encaminado a referirme sobre la cotidianidad de la vida, en aquellos aspectos que me parecen sobresalientes, trayéndolos a colación, de modo breve y con la esperanza de propiciar su debate.

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